Normas Técnicas – Doctrina – OFICIO 133

OFICIO 133 DE 2006 ABRIL 28

NOTA:

La doctrina incorporada en la presente página, ha de analizarse teniendo en cuenta los cambios normativos surgidos con ocasión de las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003 y sus correspondientes decretos reglamentarios».

BANCO DE DATOS:

Aduanas

NUMERO DE PROBLEMA:

1

PROBLEMA JURÍDICO:

TESIS JURÍDICA:

DESCRIPTORES:

RECURSOS – COMPETENCIA
RECURSOS – OPORTUNIDAD
RECURSOS – PROCEDENCIA

FUENTES FORMALES:

CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ART 66, 67, 84, 37, 42, 41,
DECRETO 4431 DE 2004 ART 22
DECRETO 1647 DE 1991 ART 65, 66
DECRETO 1648 DE 1991 ART 74
DECRETO 1750 DE 1991
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 143
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 147
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 150
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 269
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 270
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 271
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 274
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 275
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 515
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 516
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 519
DECRETO 2685 DE 1999 ART. 571
DECRETO 4136 DE 2004
RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 ART. 234
RESOLUCIÓN 4240 DE 2000 ART. 235

INTERPRETACIÓN JURÍDICA:

1. Consulta (…) si la DIAN tiene despachos delegados ó funcionarios competentes para resolver el recurso legal de excepción de pérdida de fuerza ejecutoria previsto los artículos a que se refieren los artículos 66 y 67 del C.C.A. y para aplicar el beneficio de silencio administrativo positivo o de fallo favorable a favor del administrado previsto en los artículos 37 y 42 del mismo códigos en eventos distintos a procesos aduaneros previstos en los artículos 519 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el 22 del decreto 4431 de 2004, e indicar las competencias para acceder a su aplicación.

Sobre el particular le preciso que tratándose de la excepción de pérdida de fuerza ejecutoria, el artículo 67 del Código Contencioso Administrativo es expreso en determinar que «Cuando el interesado se oponga por escrito a la ejecución de un acto administrativo alegando que ha perdido fuerza ejecutoria, QUIEN LO PRODUJO, podrá suspenderla».

Por otra parte, le cito jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se ha precisado la forma cómo opera esta acción y de la cual usted podrá derivar en quien radica la competencia para pronunciarse o adelantar las gestiones propias derivadas de la acción, por cuanto por ser una acción propia del C.C.A. no tiene un trámite específico en las normas que regulan trámites aduaneros ante la DIAN, así como tampoco competencias específicas para llevarla a acabo.

– Sentencia del Consejo de Estado del 3 de marzo de 1980 relativa al decaimiento de los actos administrativos que señaló lo siguiente:

«… También el decaimiento puede producirse por derogación de la regla legal en que se fundaba el acto administrativo, cuando dicha regla es condición indispensable para su vigencia: una declaración de inconstitucionalidad o de inexequibilidad hecha por el órgano de control constitucional, o una declaración de nulidad de una ordenanza o acuerdo de un concejo municipal, que puede traer como consecuencia el decaimiento de los actos de la administración dictados con fundamento en el acto jurídico declarado inexequible o nulo. Lo mismo cabe observar cuando hay modificación del régimen legal en que se fundamenta el acto administrativo, cuando tal modificación constituye un impedimento para el mantenimiento del acto, ya que es claro que no pueden existir actos administrativos que sean contrarios a normas jurídicas de obligatoria observancia, salvo los casos de derechos o situaciones jurídicas reconocidas o administrados conforme a la legislación anterior.»(subrayo)

– Sentencia del Consejo de Estado de febrero 19 de 1998. Expediente 4490. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa:

«… 4. El fenómeno de la pérdida de fuerza ejecutoria … es una institución jurídica distinta a la de la anulación del acto administrativo; y, por lo mismo, tiene su propia regulación, de la cual surge que posea a su vez sus propias causales, a saber, las descritas en el artículo 66 del CCA, sus propias características, efectos, mecanismos para hacerla efectiva, etc

.

5. Como su nombre lo indica, dicha figura está referida específicamente a uno de los atributos o características del acto administrativo, cual es la de la ejecutividad del mismo, es decir, la obligación que en él hay implícita de su cumplimiento y obedecimiento, tanto por parte de la administración como de los administrados en lo que a cada uno corresponda, consagrada en el primer inciso del precitado artículo 66, al disponer que «salvo norma en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos…».

Dentro de las cinco circunstancias o causas de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, está la invocada por las actoras, esto es, la desaparición de sus fundamentos de derecho (numeral 2°, articulo 66 cit.), cuya ocurrencia para nada afecta la validez del acto, en cuanto deja incólume la presunción de legalidad que lo acompaña, precisamente el atributo de éste que es el objeto de la acción de nulidad. Por lo mismo, tales causales de pérdida de ejecutoria, vienen a ser situaciones posteriores al nacimiento del acto de que se trate, y no tienen la virtud de provocar su anulación.

La pérdida de vigencia del acto, que corresponde a la quinta causal de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, establece dicha pérdida como resultado o consecuencia, y no como causa, de la nulidad del acto administrativo, en tanto la anulación, junto con la revocación y la derogación, entre otras, es una de las formas de la pérdida de vigencia de los actos administrativos.

Lo anterior concuerda o se armoniza con la posición jurisprudencial según la cual el juzgamiento de la legitimidad de los actos administrativos, se debe hacer bajo la consideración de las circunstancias dentro de las cuales se producen, de la que a su vez se ha inferido la improcedencia de la ilegalidad sobreviniente de los actos administrativos, ya que este evento se subsume precisamente en la figura de pérdida de fuerza ejecutoria o de decaimiento del acto, por desaparición de sus fundamentos de derecho.

Sin embargo, valga aclarar que respecto de normas posteriores de orden constitucional, la corporación admite la nulidad sobreviniente del acto administrativo que les sea contrarias. Así lo acogió la Sala en sentencia de 10 de febrero de 1995, expediente número 2943, actor Defensor del Pueblo, Magistrado Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, al dejar dicho que:

«Tratándose del análisis de inconstitucionalidad con efectos erga omnes, como es el caso de la acción sub examine, considera la Sala, y con ello rectifica su posición anterior, que en aras de preservar la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico y para dar cabal cumplimiento al principio fundamental estatuido en su artículo 4° se impone para el juzgador frente al fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente disponer la declaratoria de nulidad del acto administrativo que se encuentra incurso en ella, a partir de la entrada en vigencia de la norma constitucional».

6. La pérdida de fuerza ejecutoria sólo puede ser objeto de declaratoria general, en sede administrativa, ya de manera oficiosa por la autoridad que profirió el acto, o en virtud de la excepción consagrada en el artículo 67 del CCA, que el interesado puede interponer ante la ejecución del acto administrativo que se estime ha perdido dicha fuerza.

En sede jurisdiccional puede sí ser invocada, pero no para que se haga tal declaratoria, sino como circunstancia que pueda afectar la validez, ya no del acto que se estima ha sufrido tal fenómeno, sino la de los actos administrativos que se llegaren a producir con fundamento en éste, caso en el cual, tratándose de la acción de nulidad, esta situación podría resultar encuadrada en algunas de las causales previstas en el artículo 84 del CCA, como la falsa motivación, o la expedición irregular, etc., según las circunstancias concretas en que se produzcan los actos derivados de la aplicación del que se considera ha perdido su fuerza ejecutoria. Igual posibilidad de control jurisdiccional podría darse respecto del acto decaído, por las causales de anulación, pero sólo por el tiempo en que él se mantuvo vigente».

En cuanto a la aplicación, en procesos aduaneros distintos al previsto en el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 22 del Decreto 4431 de 2004, de lo previsto en los artículos 37 y 42 del C.C.A. que tratan sobre la facultad para ejercer el derecho de petición ante la Administración cuando se presenten demoras en la decisión de actuaciones administrativas iniciadas de oficio y el procedimiento para declarar el silencio administrativo positivo respectivamente, le preciso ante todo que en la medida en que el artículo 519 citado es norma especial y expresa frente al silencio administrativo positivo en materia aduanera, su aplicación es preferente respecto a los artículos citados del C.C.A., por disposición así mismo también expresa del artículo 1 de la citada codificación cuando dispone en su inciso segundo que «Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales se regirán por éstas…»

Ahora bien, como su consulta radica en la aplicación del C.C.A. en procesos diferentes a los previstos por la legislación aduanera para imponer sanción, para formular liquidación oficial o para definir la situación jurídica de la mercancía, a los cuales aplica el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999 y dado que respecto de otros procesos no está regulado el silencio administrativo de manera expresa conforme lo exige el artículo 41 del C.C.A., por sustracción de materia no es dable emitir una respuesta frente al tema de competencia.

2. Acerca de la posibilidad que tiene la administración para extender los términos para resolver cuando el interesado interpone recursos o presenta respuestas a requerimientos ante una administración diferente a la competente le comento que, en materia aduanera, y concretamente tratándose del recurso de reconsideración, los términos fijados por la legislación son perentorios para la administración y solamente se pueden suspender en los casos establecidos en el artículo 515 del Decreto 2685 de 1999.

De acuerdo con el inciso tercero del artículo 516 ibídem, cuando el signatario esté en lugar distinto, el recurso puede presentarse ante juez o notario, no ante la Administración de Aduanas o de Impuestos y Aduanas o en las Oficinas del Nivel Central de la DIAN del lugar donde se encuentre el signatario. Y por otra parte, presentado ante juez o notario, el recurso debe remitirlo el signatario a la dependencia competente, de tal manera que su entrega, con la presentación personal ante juez o notario, se surta dentro del término previsto para interponer el recurso, pues esto garantiza el término que tiene la Administración para emitir sus decisiones en términos perentorios cuyo incumplimiento puede generar silencio administrativo positivo. En este sentido se pronunció este Despacho en Concepto 141 de 2005, ratificado por el 004 de 8 de febrero de 2006.

3. Literalmente solicita usted: «Definir el término legal de la importación temporal de corto plazo cuando por una parte la administración pretende determinar su vencimiento contado «a partir del levante» en interpretación restrictiva del artículo 143. Decreto 2685/99) o a partir de lo señalado en la declaración de importación, mientras por otra parte las garantías de cumplimiento que se constituyen a favor de la DIAN en aplicación del artículo 147 del mismo estatuto con plazos adicionales de 10 días determinados por la oficina de control de garantías.»

Al respecto le informo que en forma clara y expresa el artículo 143 del Decreto 2685 de 1999, estipula que el término máximo de la importación temporal de corto plazo es de seis (6) meses prorrogables por tres meses más contados a partir de la fecha de levante de la mercancía, señalado en la declaración de importación.

Por lo tanto, cuando no se finalice la modalidad de importación a corto plazo procederá su aprehensión y la efectividad de la garantía correspondiente, conforme lo establecido en el inciso segundo del artículo 150 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 8 del Decreto 4136 de 2004.

4. En este punto solicita usted: «Confirmar la legalidad de la actuación de los funcionarios adscritos a la División de Comercio Exterior ó Fiscalización cuando deciden demorar la expedición de la autorización de embarque y la impresión del sello respectivo en los DEX, después de su presentación a la aduana o para fijar plazos especiales de 24 horas para realizar el embarque parcial en procesos de exportación, de forma discresional, cuando los plazos establecidos son “de forma inmediata” a su presentación en el primer evento y de 30 días en el segundo, según lo dispuesto taxativamente en los artículos 270 y 271 del D.2685/99: En caso afirmativo indicar las regulaciones especiales vigentes para las exportaciones hechas por vía fluvial.

En este sentido, es necesario definir la legalidad de las actuaciones aduaneras en las administraciones delegadas de puertos fluviales cuando en procesos de exportación exigen como requisito previo para determinar el levante o para expedir la autorización de embarque que las mercancías se presenten ante la autoridad aduanera aunque las mercancías se encuentren en sitios alejados de la aduana respectiva o a bordo de embarcaciones y no existan los medios logísticos para el descargue de las mercancías pesadas o de gran volumen, ni muelles adecuados, ni medios de transporte para llevar funcionarios hasta los sitios de embarque.»

Al respecto este Despacho le informa que de conformidad con lo establecido por los artículos 234 y siguientes de la Resolución 4240 de 2000, a efectos de obtener la autorización de embarque el declarante debe obtener previamente los vistos buenos y autorizaciones necesarias y luego presentar a la autoridad aduanera la Solicitud de Autorización de Embarque, incorporando la información al sistema informático aduanero, o diligenciando y entregando la Declaración de Exportación en la administración aduanera donde se encuentre la mercancía.

Seguidamente la autoridad aduanera a través del sistema informático aduanero, o por parte del funcionario competente, validará la información incorporada en la Solicitud de Autorización de Embarque, verificando que no se presente alguna de las causales de no aceptación previstas en el artículo 269 del Decreto 2685 de 1999 y tendrá en cuenta que se reúnan los requisitos establecidos en el artículo 235 de la Resolución 4240 de 2000.

En las aduanas con procedimientos manuales, la aceptación de la Solicitud de Autorización de Embarque deberá producirse el mismo día de su presentación, según lo establece el inciso final del literal c) del artículo 235 de la resolución citada.

La autorización del embarque servirá como soporte para llevar a cabo la diligencia de inspección, que en las administraciones con procedimientos manuales se determinará por parte del funcionario competente de acuerdo con los perfiles de riesgo establecido por la DIAN, por lo que es discresionalidad del funcionario determinar si se practica la inspección física o documental a que se refiere el artículo 274 del decreto 2685 de 1999.

Es de anotar que el artículo 275 del Decreto 2685/99 le otorga al exportador la oportunidad de solicitarle al jefe de la División de Servicio al comercio Exterior, o a quien haga sus veces, que la práctica de la inspección se realice en un lugar diferente a la Zona primaria aduanera, cuando así se requiera por la naturaleza de las mercancías, embalaje, o por otra circunstancia que lo amerite.

En relación con las actuaciones de las administraciones delegadas en puertos fluviales, este despacho le informa que la legalidad de sus actuaciones nace del artículo 33 del Decreto 1071 de junio 26 de 1999, por lo que se reitera, este despacho no es el competente para pronunciarse acerca de casos particulares cuyo conocimiento sea competencia de la administración delegada, dentro de su jurisdicción.

En este sentido vale la pena recalcar que la DIAN tiene como función primordial ejercer control preventivo, simultáneo y posterior para velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen los macroprocesos tributario, aduanero y cambiario, para lo cual cuenta con las amplias facultades de fiscalización y control que le otorga el artículo 470 del decreto 2685 de 1999.

6. Finalmente solicita usted: «Información de vigencia ó de aplicación legal de normas que establezcan el pago de «primas de productividad» a favor de funcionarios de la DIAN que realicen recaudos por aprehensiones, decomisos, sanciones, etc, como las previstas en el Decreto Ley 1647 de 1991,, en el artículo 74 Decreto 1648 y en el Decreto 1750 de 1991″.

Al respecto le informo que la prima de productividad se encuentra establecida por los Artículos 65 y 66 del Decreto 1647 de 1991, como un estímulo a la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de sus funciones por parte de los funcionarios y les da derecho a percibir una prima reconocimiento de su rendimiento satisfactorio en el desempeño de las funciones y del logro de las metas de gestión cuando fuere el caso, la cual no constituye factor salarial y se liquida por niveles de calificación de acuerdo con los factores señalados en el reglamento de carrera. Está determinada por cuatro factores:

a) INDIVIDUAL. Referido al desempeño personal, que se causa en razón de haber alcanzado una evaluación satisfactoria en el cumplimiento de sus funciones durante el respectivo período.

b) PLURAL. Referido al desempeño de la Dirección de Impuestos Nacionales, que se causará en razón del cumplimiento de las metas de recaudación nacionales, regionales o locales.

c) POR GESTION. Referido al desempeño individual de los funcionarios que realizan actividades ejecutoras de Fiscalización y Cobranzas, que se causa mensualmente en razón de haber alcanzado una gestión satisfactoria en el número y valor recaudado, por las actuaciones de control y cobro, de acuerdo con los programas y objetivos definidos en los planes de estas áreas adoptados como criterio de distribución para el respectivo período.

d) NACIONAL. Referido al cumplimiento semestral y anual de las metas de la entidad y se reconoce a todos los funcionarios de carrera y se causa semestralmente.

Por otra parte, le informo que el decreto 1750 de 1991 fue derogado expresamente por el artículo 571 del decreto 2685 de 1999.

Ultima actualización: 22/07/2014
Fuente: http://www.dian.gov.co

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